El intendente de San Pedro de Jujuy, Doctor Julio Bravo, fue reconocido por la Universidad Nacional de Tucumán, en el marco del mes de la memoria, verdad y justicia, por su labor y colaboración desempeñada con los derechos humanos desde el cuerpo universitario.
Importante decoro, ya que se trata de una fecha histórica para nuestro país, el 24 de marzo de 1976. En esta fecha remite al golpe de Estado y busca generar memoria y conciencia colectiva para que los golpes de Estado y las violaciones de derechos humanos no se repitan “nunca más” y sus autores sean enjuiciados y castigados.
“Me sentí muy orgulloso que se me recuerde en esa participación que hoy ya forma parte de nuestra historia”, manifestó el Jefe Comunal.
Julio Bravo recordó que en 1983 “me tocó formar parte del cuerpo del Consejo Superior de la Universidad de Tucumán, en representación de los estudiantes. Allí me designaron como miembro de la Comisión de Derechos Humanos que investigó y receptó las denuncias de los estudiantes, profesores y personal no-docente que había desaparecido y sufrió torturas en esta época sangrienta”.
“El 24 de marzo es una fecha que todos los argentinos tenemos que hacer un acto de constricción de reflexión para que nunca más a nadie se le ocurra interrumpir gobiernos que designe la constitución por medio de la gente. Son los mismos ciudadanos quienes tienen que ir apremiando a los gobiernos”, sentenció firmemente el Jefe de la Comuna de San Pedro.
En el mes de la memoria
En el mes de la memoria, en febrero de 1985 la Universidad designaba una comisión especial a fin de indagar lo ocurrido con su comunidad universitaria y recibir las denuncias de los desaparecidos de la última dictadura cívico militar.
La comisión estaba integrada por los Consejeros superiores Julio Bravo, Emilio Hurtado y Juan Santos Suárez. La resolución llevaba la firma del Rector normalizador Eugenio F. Virla y de su Secretario General, Julio Prebisch.
Tras el último golpe cívico militar la Universidad Nacional de Tucumán fue intervenida militarmente, siendo parte de su comunidad perseguida, secuestrada y desaparecida. Uno de los máximos responsables del esquema represivo dentro de los claustros universitarios fue el delegado militar quien usurpó el sillón de Juan B. Terán, el Coronel Eugenio Barroso.
Meses después de transcurrida la transición a la democracia Luis Fernando Rovetta, integrante del Consejo Superior de la UNT denunció penalmente a Barroso como uno de los autores de la comisión de delitos de lesa humanidad en el ámbito universitario.
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